domingo, 14 de octubre de 2012

A un paso de la nuclearización de La Mancha.

 

 Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article24205.html

La estación de ferrocarril de Río Záncara, de Tomelloso, lleva camino de convertirse en plataforma de carga y descarga de los residuos radiactivos de alta actividad que, procedentes de las centrales de Cataluña, tendrán como destino final el ATC de Villar de Cañas (Cuenca). 2.500 toneladas de sustancias letales que pasarán o se detendrán muy cerca.
Es lo que se desprende de un estudio del Ayuntamiento de Villar de Cañas de julio de 2010 y al que se tiene acceso desde su Web municipal. El apartado dedicado a infraestructuras de transporte de acceso al emplazamiento (ATC) indica que las vías de tren más cercanas corresponden a la línea que va de Tarancón a Cuenca, por el norte, y por el sur la que une Alcázar de San Juán con Albacete, siendo esta última a la que pertenece la estación de Záncara.
La línea de Tarancón, al día de hoy, no es rentable y lo más seguro es que se cierre, al quedar fuera de juego por el AVE Cuenca-Valencia. Por tanto la opción sur, la de Záncara, es la que más posibilidades tiene para recoger y trasvasar por carretera los residuos de alta actividad y el combustible gastado de Vandellós II, Ascó I y II (todas en Tarragona), y quizá Cofrentes (Valencia).
La estación de Río Záncara forma parte de la línea férrea Madrid-Alicante y se encuentra a 18 km al norte de Tomelloso, muy cerca de Pedro Muñoz. Es vía de paso de muchos trenes que se dirigen al levante, aunque también tiene como función la realización de paradas técnicas.
Los riesgos consustanciales al transporte y manipulación de las barras de combustible gastado de los reactores, unido a elementos endógenos (catástrofe natural, sabotaje terrorista, etc) ya sean en terminales ferroviarias, carretera, o en las instalaciones propias o anexas al cementerio nuclear, plantean un dilema cuanto menos inquietante para el futuro de nuestros pueblos.
Hay que tener en cuenta que el combustible gastado (uranio y plutonio principalmente) llega a alcanzar de media los 400ºC. Necesitará por tanto refrigerarse con el agua de pozos o de extracciones directas del propio río.E l riesgo de contaminación es real; los percances suceden tarde o temprano, como demuestran escapes o fugas accidentales que, por pequeñas que fueran, han contaminado de radiactividad cursos fluviales en Francia, Alemania, EE UU o Japón, teniendo su origen a menudo en depósitos y almacenes temporales centralizados de desechos nucleares o en centros de investigación.
El Ayuntamiento de Tomelloso debería explicar con todo lujo de detalles -y de forma inmediata-, qué información maneja al respecto, los beneficios y perjuicios que puede suponer para la comarca la explotación de la vieja estación para el transporte de aproximadamente 2500 toneladas de residuos atómicos, las implicaciones medioambientales, socioeconómicas y para la seguridad de los municipios de la comarca (Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Alcázar de San Juán, Socuéllamos, Tomelloso) y por supuesto, su posicionamiernto. Así como los procedimientos administrativos en curso y el papel que le corresponde, tal vez y sin que lo sepamos, como parte en el proyecto.
Ecologistas en Acción de Ciudad Real exige a los ayuntamientos de la comarca su oposición frontal a los planes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A (Enresa) relacionados con el ATC de Villar de Cañas y que pidan que se desestime su ubicación, al menos hasta que no se resuelva el cierre definitivo del parque nuclear español y la gestión y custodia de los residuos, reiniciando el proceso, y respetando la participación de estamentos científicos independientes y de la sociedad civil.

lunes, 8 de octubre de 2012

La 'picaresca' del agua en las Tablas de Daimiel.

 Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/08/natura/1349717724.html?a=700c188f9458ef17f7d34a58f0e7e85c&t=1349728695&numero=

Miguel G. Corral | Madrid

La picaresca española sigue vigente en las Tablas de Daimiel, al menos, en cuanto al uso del agua. La comarca del Alto Guadiana descansa sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo: el acuífero 23, que ocupa una superficie de más 500.000 hectáreas. Pero también es uno de los más sobreexplotados de España, con más de 10.000 pozos ilegales en funcionamiento.
Por ese motivo, hace años el Ministerio de Medio Ambiente comenzó un proyecto de compra de derechos de agua con el objetivo de no ejercer ese derecho y aumentar así el nivel de esta enorme fuente de agua subterránea. La inversión realizada para lograrlo ha sido de más de 66 millones de euros. Pero el plan ha sido un completo "fiasco", según un informe elaborado por WWF España y llamado "El fiasco del agua en el Alto Guadiana". Y lo ha sido, en buena medida, debido a la picaresca española y al consentimiento de las administraciones públicas.
El documento refleja cómo la Administración ha gastado 66 millones de euros en la compra de derechos de agua de fincas que, en su mayoría (un 83%), llevaban por lo menos cinco años sin usar una sola gota de agua en sus campos. Con esta maniobra el ministerio pretendía ahorrar un consumo de agua de 13,5 hectómetros cúbicos (cada hectómetro cúbico equivale al volumen de agua que cabe en el Estadio Santiago Bernabéu). Sin embargo, en la realidad sólo ahorró el consumo de 2 hectómetros cúbicos.

Un coste real cuatro veces mayor

Y en este punto entra en juego la picaresca. Cerca de 40 de los vendedores han seguido regando sus fincas después de vender sus derechos de agua y sin que ningún organismo público haya mediado para impedirlo. El resultado es que la cifra real de agua ahorrada ha sido de 1,1 hectómetros cúbicos. La inversión de 66 millones de euros no le ha salido a cuenta al ministerio para evitar el uso de poco más de un hectómetro cúbico. Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el derecho de uso de cada metro cúbico de agua se ha pagado a 14 euros. Pero el coste real, según el análisis de WWF España, ha sido de 57 euros por metro cúbico.
Pero el "fiasco" del llamado Banco del Agua del Guadiana no queda ahí. A pesar de que el Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG) indicaba que el 70% del agua ahorrada debía revertir en el acuífero y el otro 30% podría servir para legalizar pozos ilegales, el ministerio ha dedicado el 100% a la regularización de pozos ilegales. Pero la cuenta no se ha hecho usando la cifra de agua realmente ahorrada, sino la que figura sobre el papel. De manera que se han legalizado pozos clandestinos hasta una cantidad de agua de 13,5 hectómetros cúbicos, "más uno y medio más, hasta 15 hectómetros, que no sabemos de dónde ha caído, porque del cielo no ha caído", explica Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas de WWF España.
La cuenta es muy fácil, el ministerio ha ahorrado el uso de 1,1 hectómetros cúbicos, pero ha 'vendido' el uso de 15 hectómetros cúbicos. La maniobra millonaria para mejorar la salud del agua subterránea que abastece al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se ha saldado de momento con 13,9 hectómetros cúbicos de agua menos para el acuífero.
El análisis de WWF España se ha basado en sucesivas imágenes de satélite desde 2004 hasta hoy. En ellas se aprecia el uso del agua en la zona de forma evidente. Según los responsables de la organización conservacionista, el informe se presenta en un momento importante porque en las próximas fechas se producirá un debate parlamentario sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente que contempla la creación de un nuevo Banco del Agua. Para Alberto Fernández, representante de WWF en el Patronato de las Tablas de Daimiel desde hace más de una década, los efectos del Banco del Agua del Guadiana "están condenados a repetirse".
Hoy, el consumo para regadío del acuífero 23 se eleva a 280 hectómetros cúbicos anuales, de los que 80 corresponden al "uso ilegal del agua", según los responsables de WWF, que han recordado que desde 1988 el acuífero tiene limitado el consumo a 200 hectómetros cúbicos (acorde al plan anual de extracciones).
Las extracciones que permiten la recuperación del acuífero -fijado en el PEAG- son 200 hectómetros cúbicos hasta 2015 y entre 120 y 150 hectómetros cúbicos hasta 2027. En definitiva, según Eva Hernández, el Ministerio de Medio Ambiente pretende activar un nuevo banco de agua entre particulares "con un esquema muy similar al anterior que puede conducir a un mercado negro de agua sin ningún control".