La familia García Patiño acumula unas 200 denuncias desde el año 1994 contra los anteriores responsables de Agricultura por presunto fraude en ayudas al regadío.
Fuente: http://www.abc.es/20120123/comunidad-castillalamancha/abcp-fango-tablas-daimiel-20120123.html
La familia García Patiño lleva varios años intentando resolver un conflicto que dirime con el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha y más concretamente con los responsables de la Consejería de Agricultura de las diferentes épocas desde 1994. Así, desde ese año son alrededor de 200 las denuncias que esta familia ha interpuesto contra estos organismos y sus dirigentes y técnicos en relación a un presunto fraude y malversación de fondos públicos a cargo de la Unión Europea y el Estado, perjudicándoles a ellos a favor de otro propietario a la hora de recibir ayudas al regadío por la existencia de un pozo en parcelas situadas en el término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), que lindan con el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Emilio García Patiño, hermano y cuñado de los perjudicados por este asunto, Domingo García Patiño y María Rosa Canseco Pérez, ha aportado documentación y ha contado a ABC que la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante legislaturas anteriores cometió fraude y malversación de fondos públicos para ayudas a regadío. Les acusan de manipular documentación del Catastro para usurparle parte de la superficie de la parcela 595 del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, incluido un pozo, el número 2231, que pasó a ser propiedad de la parcela 488, cuyo propietario era originariamente el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, pero luego se segregó ese terreno, de lo que se benefició otro propietario, Isidoro Conde Martínez y actualmente en manos de la Sociedad Anónima Sánchez Moreno e Hijos, supuestamente relacionados con el Gobierno anterior, a juicio de Emilio.
Así pues, en el plano catastral se refleja la parcela 488, propiedad del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, colindante con la parcela 595, propiedad de Domingo García Patiño y María Rosa Canseco Pérez, pero en el año 1993 segregaron superficies de ambas parcelas, creando con las mismas las parcelas 612 y 632 y, a su vez, las reclasificaron de regadío sin disponer de pozo alguno en dichas parcelas, según se puede ver en la documentación aportada por la familia García Patiño.
Según manifiesta Emilio García Patiño, «los titulares y cargos públicos responsables de las sucesivas Consejerías de Agricultura han venido cometiendo, o al menos consintiendo, desde el año 1994 los presuntos, sistemáticos y continuos fraudes o malversación de los fondos públicos» procedentes de la Comunidad Económica Europea (Feoga) y de los Presupuestos Generales del Estado, «propiciando el enriquecimiento patrimonial y pecuniario» de Isidoro Conde Martínez, desde 1994 a 2002, y de la Sociedad Mercantil Sánchez Moreno e Hijos, S.A.
Entre los documentos aportados también se puede ver que los pagos de ayudas de la PAC se han realizado a la finca 8.616, de la parcela 488, superficie ésta propiedad del Estado y, en concreto, del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, además de a la finca 18.739, parcela 595, propiedad privada de Domingo García Patiño y María Rosa Canseco Pérez. «Al no poder justificar legalmente las injusticias cometidas, optaron por ocultar y negar la documentación oficial con la que aprobaron y se abonaron durante los últimos 18 años ayudas de regadío en esas parcelas, sin poder disponer en las mismas de pozo alguno», lamenta Domingo García Patiño en un escrito.
Hasta la fecha, cuenta Emilio García Patiño, a su hermano siguen sin pagarle las ayudas de la PAC que le quitaron debido a esa usurpación de tierras. No obstante, según explica, la Audiencia Nacional les dio la razón en una sentencia con fecha de 2 de noviembre de 2001 en lo referente a las 220 hectáreas usurpadas, obligando a la Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real a restituir a Domingo García Patiño con lo que figuraba en el documento de Solicitud de ayuda a los acuíferos de Mancha Occidental y Campo de Montiel, dentro del Plan anual de distribución de cultivos de 1994, incluido el pozo objeto de litigio.
Sin embargo, aún quedan 11 hectáreas por devolver y la situación sigue sin resolverse, pues Domingo García Patiño lleva tres años sin poder labrar la tierra y está arruinado, nos cuenta su hermano, después de 18 años teniendo que pagar a abogados y procuradores. Incluso, dice Emilio, han escrito cartas dirigidas a los consejeros y a los presidentes de Castilla-La Mancha durante las anteriores legislaturas, José Bono y José María Barreda, para que les atendieran, cosa que no consiguieron. Por eso, les hacen a ellos «tan responsables y culpables como los demás porque han hecho la vista gorda y lo han autorizado».
Iniciar una inspección
De este modo, lo que pide la familia García Patiño es que se comience una inspección para que se investigue y los responsables enseñen toda la documentación e informen de los expedientes de abono de ayudas de regadío procedentes de los fondos públicos de la Unión Europea y del Estado, explicando a qué parcelas y qué pozos han ido a parar. Y, a juicio, de Emilio García Patiño, «si no hubiese habido cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, mi hermano estaría en la ruina».
De hecho, según explica, han acudido a los actuales responsables de la Consejería de Agricultura del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha y se han mostrado muy sorprendidos cuando han conocido lo sucedido, por lo que han iniciado su propia inspección hace unos 15 días, de la que aún no se conocen los resultados. Y ahora, reiteró Emilio, lo que espera la familia es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha abra una investigación para ver «por qué los expedientes han sido manipulados».
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